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Panamá introdujo un cambio relevante en el tratamiento de determinadas rentas de fuente extranjera. La Ley 526 de 2026 incorporó al Código Fiscal un régimen de sustancia económica que, sin abandonar el principio de territorialidad como regla general, permite gravar excepcionalmente ciertas rentas pasivas extranjeras obtenidas por entidades que formen parte de grupos multinacionales cuando no cumplan las condiciones previstas por la norma. El régimen será aplicable a partir del período fiscal 2027.
La primera pregunta, por tanto, no debería ser cuánta sustancia tiene una entidad en Panamá, sino si se encuentra dentro del ámbito del nuevo régimen.
La Ley define un grupo multinacional como un grupo de dos o más entidades vinculadas por propiedad o control y residentes fiscales en diferentes jurisdicciones. Adicionalmente, incorpora criterios relacionados con su inclusión en estados financieros consolidados. En consecuencia, la mera existencia de una sociedad, fundación de interés privado u otro vehículo panameño dentro de una estructura internacional no permite concluir automáticamente que el régimen resulte aplicable.
Por ejemplo, una persona natural extranjera que mantiene directamente una sociedad panameña utilizada para realizar inversiones financieras no conforma, por ese solo hecho, un grupo multinacional. Distinto podría ser el caso de una sociedad panameña perteneciente a un grupo empresarial con entidades residentes fiscales en diferentes jurisdicciones y que recibe dividendos, intereses u otras rentas pasivas extranjeras. Cada estructura exige analizar propiedad o control, residencia fiscal y consolidación antes de evaluar sus obligaciones de sustancia.
Cuando el régimen resulta aplicable, la Ley distingue entre entidades calificadas y no calificadas. Una entidad que reporte y cumpla las condiciones de sustancia económica respecto de cada categoría de renta pasiva podrá mantener el tratamiento correspondiente bajo el principio de territorialidad. Por el contrario, determinadas rentas pasivas extranjeras de una entidad no calificada podrán quedar sujetas al impuesto sobre la renta en Panamá a una tarifa del 15%.
La Ley también permite acreditar contra ese impuesto el impuesto sobre la renta, o de naturaleza análoga, efectivamente pagado en el exterior respecto de la misma renta. El Decreto Ejecutivo 32 de 2026 desarrolla las condiciones para este crédito, cuyo monto no puede exceder el impuesto que correspondería pagar en Panamá.
El Decreto también precisó cómo debe acreditarse la sustancia: recursos humanos adecuados, instalaciones, costos operativos y toma de decisiones estratégicas en Panamá. Asimismo, admite instalaciones compartidas y permite tercerizar determinados recursos y actividades, siempre que se desarrollen en Panamá, el proveedor cuente con recursos adecuados y la entidad mantenga supervisión y control. Las decisiones estratégicas que corresponden a sus órganos de gobierno, sin embargo, no pueden trasladarse simplemente a un proveedor.
La reglamentación contempla además requisitos reducidos para determinadas entidades dedicadas principalmente a la tenencia de participaciones patrimoniales y ciertos supuestos relacionados con bienes inmuebles, reconociendo que la sustancia debe ser proporcional a la actividad desarrollada.
De cara a 2027, las estructuras internacionales con entidades panameñas deberían revisar si integran un grupo multinacional, identificar la naturaleza y fuente de sus rentas y determinar el estándar de sustancia aplicable. No toda estructura internacional estará alcanzada, pero aquellas que sí lo estén deberán no solo contar con sustancia adecuada, sino estar en capacidad de acreditarla.
Póngase en contacto con nuestra oficina de Panamá en panama@tridenttrust.com para obtener más información sobre cómo los nuevos requisitos de sustancia económica podrían afectar a sus entidades en Panamá.